Baleares activa una comisión para perseguir a las “empresas pirata” del socorrismo y frenar el intrusismo en el sector

La medida llega tras el acuerdo entre trabajadores y empresas y la firma en diciembre del convenio sectorial, con subidas salariales en todas las categorías y regulación específica para socorrismo en playas y piscinas durante los próximos cuatro años

El principal problema, destacan desde el sector, se encuentra en las piscinas de los hoteles ya que suele haber contrataciones basadas en “lo más barato posible, mirando hacia otro lado y con posibles irregularidades legales poniendo en peligro la seguridad de los usuarios”

La comisión anuncia “tolerancia cero” con fórmulas de fraude laboral y por ello se pondrán en marcha mecanismos orientados a detectar irregularidades tales como un correo de denuncia anónimo, pensado especialmente para trabajadores

El socorrismo en Baleares ha decidido plantar cara, de forma organizada y con un frente común, a las llamadas “empresas pirata” y a las prácticas de intrusismo que —según denuncian patronales y sindicatos— han degradado durante años un servicio tan importante como el de la vigilancia y la seguridad en el medio acuático.

Así pues, las organizaciones del sector impulsarán una comisión específica de seguimiento y cumplimiento con el objetivo de identificar, documentar y denunciar a los operadores que trabajan fuera del marco laboral y profesional exigible y que compiten con precios anormalmente bajos a base de prácticas irregulares poniendo en peligro, de esta forma, la seguridad de los usuarios de estos servicios.

La puesta en marcha de este mecanismo llega después de la firma, el pasado mes de diciembre, del II Convenio Colectivo Sectorial de Vigilancia Acuática y Socorrismo entre la Asociación de Empresas de Salvamento y Socorrismo (SALVIB) y la Associació Empresarial Balear de Socorrisme (AEBS) y los sindicatos CCOO, UGT y CGT.

Un acuerdo que marca un punto de inflexión en el sector y que establece un marco común para los próximos años. El convenio tendrá vigencia del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029, y fija salarios y condiciones que, tal y como han explicado las partes firmantes, deben cumplirse de forma efectiva si se quiere garantizar un servicio profesional y sostenible.

En ese contexto, el sector advierte de una realidad que considera estructural. Y es que durante años se ha producido competencia desleal alimentada por operadores capaces de presentar ofertas “fuera de mercado” porque su personal, según las denuncias recalcan, “no estaban dentro del marco del convenio autonómico o, directamente, porque se sostenían con fórmulas irregulares”. Esa dinámica habría derivado en empleo sin regularizar, personal sin la titulación exigida e incluso trabajadores en situación administrativa irregular ejerciendo la profesión. El propio sector señala que el Govern balear conoce esta problemática y apunta a la Inspección de Trabajo como una pieza clave para asegurar el cumplimiento.

La comisión que llevará a cabo un seguimiento y persecución de las “empresas piratas y el instrusismo laboral” se activará con la participación de las entidades que han suscrito el convenio. Todas ellas han anunciado una línea de trabajo coordinada para detectar y denunciar estas prácticas cuando se produzcan. La idea, explican, “es canalizar evidencias, contrastarlas y actuar por las vías correspondientes cuando existan indicios sólidos”.

Cabe destacar que el convenio firmado en diciembre se considera especialmente relevante porque, por un lado, es fruto de un acuerdo entre trabajadores y empresas tras negociación colectiva; por otro, porque incorpora acuerdos específicos para el servicio de socorrismo en playas y otros específicos para el socorrismo en piscinas, adaptando condiciones a realidades laborales distintas y, en tercer lugar, porque contempla subidas salariales en todas las categorías profesionales, con incrementos progresivos a lo largo de la vigencia pactada.

Con ese marco encima de la mesa, los firmantes lanzan una alerta directa a tener en cuenta y es que, explican, “cuando aparecen precios anormalmente bajos, no es por eficiencia, sino que se debe a recortes incompatibles con el convenio y a posibles incumplimientos”. Y para demostrar sus acusaciones el sector pone cifras sobre la mesa advirtiendo de ofertas de uno, dos o incluso tres euros por hora por debajo del precio de mercado, una diferencia que, con el marco salarial y de cotización vigente, aclaran, “hace inviable sostener el servicio con solvencia y continuidad lo que puede poner en peligro la seguridad de muchas personas”.

El foco del problema está, sobre todo, en las piscinas de los hoteles

El foco, especialmente, se sitúa en el ámbito de piscinas, y en particular en piscinas hoteleras, donde, según el sector, en ocasiones se ha buscado contratar el servicio “lo más barato posible y se ha terminado mirando hacia otro lado respecto al cumplimiento laboral y profesional”.

Desde el sector advierten de que “elegir por precio sin verificar garantías puede implicar riesgos legales, reputacionales y, sobre todo, riesgos de seguridad”. Por ello recomiendan contratar únicamente con empresas que cumplan la normativa y que puedan acreditarlo con documentación legal y hacerlo con seguimiento durante toda la vigencia del contrato, no solo en el momento de la adjudicación.

Entre las irregularidades que el sector dice haber detectado figuran socorristas sin alta en la Seguridad Social, personal sin la titulación exigida y, en algunos casos, trabajadores en situación administrativa irregular. De hecho, el documento recuerda que se han realizado inspecciones de Extranjería relacionadas con servicios de socorrismo y que parte de esas actuaciones se habría centrado en empresas que operan de forma fraudulenta incorporando personal en situación ilegal.

La comisión anuncia, además, una línea de “tolerancia cero” con fórmulas de fraude laboral que, según indican, siguen apareciendo en el sector, como pagos en negro o el abono de horas extra fuera de nómina, citando incluso ejemplos como el pago “por Bizum”, prácticas que consideran ilegales, que distorsionan la competencia y dificultan la trazabilidad laboral.

El aviso va más allá del terreno laboral. “Si ocurre una emergencia como un rescate, una reanimación o un accidente grave, el problema no se queda en la piscina, sino que puede traducirse en responsabilidades y consecuencias legales y en daño reputacional para el hotel, la cadena y, por extensión, para el destino”. Por eso insisten en que el cumplimiento debe ser real, acreditable y sostenido en el tiempo.

El sector refuerza ese argumento con un contexto especialmente sensible. Y es que en los últimos años, varios de los casos más graves de ahogamiento de menores registrados en Baleares se han producido en piscinas, un dato que utilizan para subrayar que la vigilancia acuática no puede degradarse ni tratarse como un trámite. “No es un trámite, es prevención. Aquí no hablamos solo de números, hablamos de vidas”, remarcan.

En las próximas semanas, se concretarán los mecanismos de trabajo de la comisión, orientados a detectar ofertas anormalmente bajas, recopilar información sobre posibles incumplimientos y dar visibilidad pública a una realidad que, según el sector, lleva demasiado tiempo normalizándose. Además, el órgano prevé canalizar alertas y evidencias para que, cuando existan indicios sólidos, se actúe por las vías correspondientes y se traslade a los organismos competentes.

Entre esos mecanismos, se habilitará un correo de denuncia anónimo, pensado especialmente para trabajadores —aunque abierto a cualquier persona con conocimiento directo de irregularidades—, con el objetivo de comunicar casos de forma segura, priorizarlos, contrastarlos y, si se confirman, actuar con rapidez.

El objetivo final, insisten las partes firmantes, es que a partir de 2026 se garantice el cumplimiento del convenio, la protección de los trabajadores y la seguridad en el medio acuático, cerrando el paso a operadores que compiten fuera de las reglas y que, con ello, erosionan un servicio esencial.