CONPYMES alerta que el impago a las farmacias en la Comunidad Valenciana es, en realidad, un impago a los ciudadanos

El presidente de CONPYMES exige que las administraciones competentes actúen con responsabilidad, priorizando la sostenibilidad y solvencia de un servicio que es piedra angular de la atención sanitaria de proximidad y que recae en micro y pequeñas empresas, gestionadas por autónomos

La Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), organización nacional que representa a más de 2 millones de pymes y autónomos en España, ha manifestado su preocupación ante la situación de impago que afecta a las farmacias de la Comunidad Valenciana, asegurando que se trata de una realidad que trasciende al propio colectivo farmacéutico: es un incumplimiento con los ciudadanos de la comunidad.
 
CONPYMES recuerda que el sistema de dispensación farmacéutica en España establece que el farmacéutico tiene la obligación legal de dispensar los medicamentos prescritos, financiando el coste de los mismos hasta que recibe el reembolso por parte de la administración pública. Por tanto, cuando la administración —en este caso autonómica, pero también con corresponsabilidad estatal— no cumple con sus obligaciones de pago, no está dejando de pagar solamente a las farmacias, sino que está dejando de cumplir con su obligación con la ciudadanía.
 
Este retraso se produce, además, en una comunidad recientemente golpeada por una DANA que ha afectado gravemente a muchas zonas del territorio. Aun así, el sector farmacéutico respondió de manera ejemplar, reorganizando en cuestión de días la red de distribución y dispensación para garantizar el acceso a los medicamentos, demostrando, una vez más, su compromiso como servicio esencial.
 
El presidente de CONPYMES, José María Torres, ha exigido “que las administraciones competentes actúen con responsabilidad, priorizando la sostenibilidad y solvencia de un servicio que es piedra angular de la atención sanitaria de proximidad y que recae en micro y pequeñas empresas, gestionadas por autónomos”. “La salud de la ciudadanía no puede depender de la gestión financiera de las administraciones públicas”, ha sentenciado.